¨Diecisiete recomendaciones y seis criterios que la Comisión pide aplicar a cualquier solución. El informe no adopta ninguna decisión: la decisión corresponde exclusivamente al Presidente de la República, que anunció que estudiará el documento y que comunicará él mismo al país lo que resuelva¨
Lo esencial, en seis puntos
1. El sitio no está cerrado ni apagado. Está bajo un plan de preservación ordenado por el Estado, con vigilancia permanente, y no hay extracción minera en curso.
2. La auditoría la ordenó el Estado, no la empresa, mediante contrato público. Sus quince tomos están publicados completos para consulta libre de cualquier ciudadano.
3. Se midieron 370 compromisos ambientales, uno por uno. El informe publica las tres lecturas del resultado y no elige ninguna: 98.92%, 97.5% y 87.73%. Las cuatro no conformidades se nombran y no se minimizan.
4. La falta de definición tiene un precio que ya se está pagando: cada día, el país deja de generar B/. 6.85 millones en divisas. Y cerrar sin ningún acuerdo costaría entre B/. 2,600 y B/. 3,400 millones, que saldrían del bolsillo de los panameños.
5. La Comisión no decide: recomienda. Diecisiete recomendaciones y seis criterios. El primero es acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia; el tercero, que la solución no le cueste un solo balboa al Presupuesto General del Estado.
6. El Presidente recibió el informe, hizo suyos los seis criterios y anunció que lo estudiará antes de resolver — y que la decisión la anunciará él mismo al país.
PRIMERA PARTE · Qué ocurrió hoy y qué es este documento
1. Lo que ocurrió hoy
En el Anfiteatro del Palacio de las Garzas, los ministros de Comercio e Industrias, de Economía y Finanzas y de Ambiente entregaron al Presidente de la República el Informe Final de la Comisión Interministerial sobre el sitio minero Cobre Panamá, en el municipio de Donoso.
El encargo se les hizo el 1 de julio de 2026 y tenía tres partes: evaluar los resultados de la auditoría integral, identificar las opciones disponibles para la Nación y recomendar el camino que mejor proteja el interés nacional en sus dimensiones ambiental, social y económica.
2. Qué es este documento, y qué no es
Es un estudio y una recomendación. No es una decisión y no la anticipa.
El informe no fija ninguna fecha para ninguna actividad futura en el sitio, no aprueba ninguna adjudicación, contratación ni desembolso, no compromete un solo balboa del Presupuesto General del Estado, no fija cuotas de contratación ni de compras locales, y no define la forma jurídica que adopte una eventual solución. Todo eso corresponde a los instrumentos jurídicos que lleguen a negociarse.
Lo que la Comisión recomienda, en una frase, es evaluar la viabilidad de un acuerdo que permita resolver los procedimientos arbitrales pendientes y establecer las condiciones para una puesta en marcha que conduzca a un cierre ordenado del sitio, sin costo para la Nación, sin posibilidad de prórroga y en acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
SEGUNDA PARTE · Los hechos verificables
3. Qué está ocurriendo hoy en el sitio
Es donde más confusión hay, y el informe responde con hechos verificables: el sitio no está apagado. Está bajo un plan de preservación ordenado por el Estado, y no hay extracción minera en curso.
Hoy ciento sesenta y cuatro instrumentos activos vigilan de manera permanente la instalación de manejo de relaves, con monitoreo, mantenimiento y control continuos.
Lo que se procesa es roca que ya había sido extraída y estaba fuera del yacimiento desde antes de noviembre de 2023: treinta y un millones seiscientas mil toneladas acopiadas a la intemperie, de las cuales se ha procesado el dieciséis por ciento. Su procesamiento es, principalmente, una medida de seguridad ambiental, porque el material expuesto constituía por sí mismo un riesgo.
«Suspender sus operaciones de la noche a la mañana no es cerrar una mina. Y es que una mina de miles de hectáreas de extensión, una de las más grandes del mundo, no se cierra como quien apaga una luz. […] Hay una instalación de manejo de relaves que requiere vigilancia todos los días. Hay lixiviados y agua de contacto que hay que tratar. Hay estabilidad física que debe ser monitoreada de cerca.» – Juan Carlos Navarro, Ministro de Ambiente
Y tres hechos que conviene retener, porque son lo que el sitio ya le devuelve al país bajo el plan autorizado: esa fase de preservación no la ha pagado el presupuesto nacional —se ha sostenido con recursos generados allí mismo—, dejó al Estado treinta millones de balboas en regalías, y generó dos mil trescientas nuevas contrataciones directas que, en una relación de tres a uno, sostienen del orden de siete mil empleos indirectos más.
4. Quién hizo la auditoría, y por qué se publicó completa
Mediante contrato público, el Estado —no la empresa— ordenó la auditoría integral y contrató para ejecutarla a SGS Panamá Control Services Inc., filial panameña del grupo SGS: la empresa líder mundial en análisis, inspección y certificación, fundada en 1878, con sede en Ginebra y presencia en ciento quince países.
Sus quince tomos se publicaron completos en el portal del Ministerio de Ambiente, para consulta libre de cualquier ciudadano, en aplicación de la Ley 6 de 2002 y de la Ley 125 de 2020, que adopta el Acuerdo de Escazú.
El Estado no encargó una sola mirada: encargó además una revisión independiente de esa auditoría —una revisión de pares—, contratada por otra institución del propio Estado mediante convenio refrendado por la Contraloría General de la República y sin costo alguno para el país, a cargo de una firma de consultoría ambiental constituida en la República Eslovaca, sin relación contractual con el auditor.
«Es decir: no hubo un solo análisis del expediente de la mina. Hubo dos, independientes entre sí, y la metodología resistió ambos análisis: tanto la auditoría integral de SGS como este segundo análisis técnico y científico independiente.» – Juan Carlos Navarro, Ministro de Ambiente
5. Qué encontró la auditoría: las tres cifras, y ninguna se omite
Se evaluaron 370 compromisos ambientales, uno por uno. La Comisión publica las tres lecturas del resultado que contiene el expediente y no elige una, porque cada una responde a una pregunta distinta.
| Lectura | Resultado |
| Cumplimiento medido compromiso por compromiso, sin ponderar | 98.92% — 366 de los 370 sin calificación adversa |
| Cumplimiento si se cuentan también los casos parciales | 97.5% — nueve de 370 presentan algún nivel de no conformidad |
| Calificación integral ponderada | 87.73% — la más exigente, y la única que incorpora riesgos y pasivos a futuro |
Las cuatro no conformidades no se minimizan: se nombran. Están todas en un mismo frente temático —flora, restauración ecológica y reforestación—, y ninguna es de estabilidad de relaves, de calidad de agua ni de emisiones atmosféricas. La Comisión recomienda un plan de subsanación con metas, plazos y verificación externa publicada, que abarque las nueve y no sólo las cuatro. Se identificaron además catorce brechas como oportunidades de mejora.
TERCERA PARTE · Lo que está en juego
6. Lo que el cierre de la actividad le costó a los panameños
| Dimensión | Lo documentado |
| Empleo | Más de 6,000 empleos directos y alrededor de 30,000 indirectos. Detrás de cada puesto, un hogar: del orden de 144,000 personas |
| Empresas panameñas | 2,000 proveedores registrados, de los cuales el 75% eran micro, pequeñas y medianas — alrededor de 1,500 |
| Territorio | Más de un tercio de los trabajadores venía de la región minera |
| País | El aporte sectorial al producto nacional cayó 45.6% en 2024 |
«El país lleva casi tres años discutiendo este expediente, y mientras discutimos, una economía regional se desarmó y ciento cuarenta y cuatro mil panameños se quedaron sin respuesta. La falta de decisión para resolver este problema no es una posición neutral. Es la más costosa de todas, y la pagan los ciudadanos más vulnerables.» – Julio Moltó, Ministro de Comercio e Industrias
Y ese costo sigue corriendo. Cada día sin un marco definido, el país no genera B/. 6.85 millones en divisas, deja de producir B/. 3.79 millones de aporte al producto nacional, el fisco no percibe B/. 1.28 millones en impuestos directos y la Caja de Seguro Social no recibe B/. 390 mil. Son promedios diarios —el total documentado dividido entre los días de su período—, no mediciones de un solo día, y sirven para dimensionar la escala.
7. Lo que costaría cerrar sin ningún acuerdo, y quién lo pagaría
Muchos panameños han planteado, de buena fe, la opción de simplemente cerrar el sitio. La Comisión tenía la obligación de explicar con números lo que esa opción significa.
El Ministerio de Comercio e Industrias estimó en marzo de 2024 que cerrar el sitio costaría entre US$800 y US$1,000 millones, en un plazo de siete a nueve años. A esa cifra hay que sumarle el mantenimiento posterior, que la propia empresa declaró a sus inversionistas en enero de 2024: entre US$15 y US$20 millones mensuales, que durante al menos diez años más son entre B/. 1,800 y B/. 2,400 millones.
En total, entre B/. 2,600 y B/. 3,400 millones a lo largo de diecisiete a diecinueve años — y más de dos tercios de ese total no es cerrar el sitio, es sostenerlo.
Puesto en magnitudes que cualquiera puede comparar, esa cifra equivale a más de dos mil balboas por cada hogar panameño —de B/. 560 a B/. 732 por habitante—, y representa hasta el 9.7% de todo el Presupuesto General del Estado de 2026, el 33.8% del presupuesto del sector salud y el 59.8% del de educación.
Dos precisiones que la Comisión hace por rigor. La primera: nadie recibiría una factura. La equivalencia por hogar y por habitante es sólo la manera de expresar un costo fiscal, y esos recursos saldrían de impuestos, de deuda o de dejar de atender otras necesidades. La segunda: esos montos son un acumulado de diecisiete a diecinueve años y los presupuestos con que se comparan son de un solo año, de modo que las equivalencias expresan escala y costo de oportunidad, no la sustitución automática de un gasto por otro.
«Eso no es una inversión: es un gasto. Un gasto que no generaría crecimiento, que no crearía una sola cadena económica, que no dejaría un empleo permanente ni una obra.»- Felipe Chapman, Ministro de Economía y Finanzas
Por eso la Comisión pone como condición —no como aspiración— que ese costo no salga del bolsillo de los ciudadanos:
«Cero es lo que debe costar al Presupuesto General del Estado una solución al tema de la mina de cobre. El sitio paga su propio cierre, o no hay arreglo.»- Felipe Chapman, Ministro de Economía y Finanzas
El mecanismo no es una hipótesis: es lo que ya ocurre con la fase de preservación, sostenida sin cargo al erario.
8. La exposición arbitral
Existen procesos arbitrales internacionales relacionados con el sitio minero, iniciados a partir de noviembre de 2023. Sumadas en sus montos mínimos, las cuantías reclamadas no son menores de 27,000 millones de dólares.
Son cuantías reclamadas, no montos reconocidos por el Estado panameño, ni liquidados ni adjudicados por ningún tribunal. El Estado no ha reconocido esas reclamaciones y usará contra ellas todas sus defensas. El informe consigna la magnitud de lo que está en discusión, no una deuda, y recomienda que la terminación de todos los arbitrajes pendientes sea condición de cualquier acuerdo al que se pueda llegar.
«Lo que está prohibido es NO HACER NADA.» – Juan Carlos Navarro, Ministro de Ambiente
CUARTA PARTE · Qué recomienda la Comisión, y qué sigue ahora
9. Los seis criterios que la Comisión pide aplicar a cualquier solución
| N.º | Criterio |
| 1 | Acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia y de la Ley 407 de 3 de noviembre de 2023 |
| 2 | Rectoría del Estado y titularidad de la Nación sobre los yacimientos minerales |
| 3 | Sin costo fiscal para los panameños |
| 4 | Transparencia verificable, no declarativa |
| 5 | Prioridad a quienes fueron afectados directamente por el cierre |
| 6 | Supervisión conforme a estándares internacionales |
10. Las condiciones que el informe fija para el cierre
Los criterios dicen bajo qué principios. Estas recomendaciones dicen qué tiene que cumplirse en el terreno, y son las que permiten comprobar después si se cumplió:
La huella no crece, y se reduce. El informe recomienda disponer que la huella territorial del sitio no se incremente y que se reduzca progresivamente, de manera efectiva y verificable. Una reducción que no se pueda medir en el terreno no es una reducción.
Hay una fecha de término, y lo que no se pueda restituir se dice, se cuantifica y se paga. El informe recomienda fijar una fecha de término del cierre final y un estándar de restitución verificable, con el pasivo residual identificado, cuantificado y financiado. Es el reconocimiento explícito de que hay daño que no se revierte: no se promete lo imposible, se financia.
El cierre es progresivo, no se deja para el final. El informe recomienda hitos fechados por frente, de modo que el pasivo baje mientras el modelo está vigente y no se acumule para la generación siguiente.
Y el Ministro de Ambiente pidió al Presidente, desde el atril, que se adopte formalmente un plan de cierre ordenado y se establezca un fondo que garantice su cumplimiento, y que la condición de cierre seguro la confirme una revisión independiente:
«Que el cierre no lo declare quien cierra.» – Juan Carlos Navarro, Ministro de Ambiente
11. Las comunidades primero, y un patrimonio natural que quede
El criterio 5 no es una declaración de intenciones. La Comisión fue al territorio antes de recomendar: a la planta de procesos, al Consejo Municipal de Coclesito con los tres alcaldes, al Mercado Municipal de La Pintada con los proveedores, y al río Botija, a menos de un kilómetro del tajo, donde las comunidades toman sus propias muestras de agua.
De ahí salió un hallazgo que cambia el diseño: el obstáculo de esos municipios no es la falta de proyectos, sino la falta de estudios, diseños y expedientes para poder ejecutarlos. Por eso se recomienda acompañamiento técnico permanente, y no sólo transferencia de recursos.
Se recomienda además un mecanismo estable y trazable de legado ambiental, operado por el Ministerio de Ambiente y blindado de los cambios políticos, con cinco destinos definidos: ciencia de conservación panameña, formación de cuadros científicos, restauración con especies nativas, custodia del territorio y formación ambiental escolar.
Y la formalización del Programa de Monitoreo Participativo Comunitario, lanzado el 24 de agosto de 2026 en el río Botija, donde son los propios vecinos quienes toman las muestras, con metodología verificable, cadena de custodia y resultados públicos.
12. Qué dijo el Presidente, y qué sigue ahora
El Presidente de la República recibió el informe, hizo suyos los seis criterios y anunció que lo estudiará antes de resolver. Dijo, en su intervención de cierre: «Esos seis no se negocian. Todo lo demás se estudia.» «Voy a estudiar este informe. Con mi gabinete, con mis abogados y con el tiempo que un documento de esta magnitud exige. No voy a repetir el error de decidir a la carrera sobre un asunto que este país va a cargar durante décadas.»
«Y cuando tenga una decisión, la voy a anunciar yo, al país, de frente y con sus fundamentos por delante. No se va a conocer por una filtración, ni por una versión, ni por un comentario de pasillo.» José Raúl Mulino, Presidente de la República
Mientras tanto, el sitio continúa bajo el plan de preservación y bajo supervisión ambiental del Estado.
13. El documento está disponible, y las observaciones también
El Informe Final queda desde hoy a disposición de cualquier ciudadano. Cada una de sus afirmaciones se sustenta en las fuentes documentales oficiales y en las cifras del expediente que la Comisión tuvo a la vista, y el documento queda en manos de los ciudadanos para que lo lean y lo discutan.
Las observaciones, correcciones o aportes que cualquier ciudadano, comunidad, gremio u organización desee formular podrán remitirse por los canales institucionales de los tres ministerios que integran esta Comisión.
«Por eso no le pedimos a nadie que confíe en nosotros. Le pedimos que verifique.»
Felipe Chapman, Ministro de Economía y Finanzas
«Señor Presidente, hoy le entregamos un informe que no promete nada que no se pueda verificar.»
Juan Carlos Navarro, Ministro de Ambiente
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Panamá, 30 de septiembre 2026