Obligación de facturar para profesiones liberales en Panamá

    A partir de enero 2024

    A partir de enero de 2024 todas las personas que ejercen profesiones liberales en Panamá tendrán la obligación de emitir facturas electrónicas. La medida, establecida por la Ley 256 del 26 de noviembre de 2021, pone fin a una excepción que se mantenía pendiente de calendarizar, afirmó Liam Vásquez, jefa del Departamento de Factura Electrónica de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

    Vásquez destacó que la facturación electrónica presenta dos modalidades. La primera es el facturado gratuito ofrecido por la DGI, permitiendo hasta 500 documentos para aquellos dentro del rango del millón de dólares de ingresos anuales brutos. Para pequeños microempresarios con ingresos de hasta $36,000, el uso de esta aplicación será ilimitado.

    Compartió que hasta la fecha, un total de 58,124 contribuyentes ya utilizan la facturación electrónica. No obstante, subrayó que aún se espera la emisión de consideraciones por parte de la Corte.

    La obligación de facturar se extiende a diversas profesiones liberales, incluyendo abogados, arquitectos, doctores, contadores, periodistas, plomeros, electricistas, y cualquier persona que ofrezca un servicio. Vásquez reiteró la invitación a registrarse y utilizar la facturación electrónica, especialmente a través del portal gratuito facilitado por la Dirección General de Ingresos.

    Ante la pregunta sobre las consecuencias de no facturar electrónicamente, Vásquez explicó que las sanciones para aquellos en incumplimiento comienzan en $1,000 en el primer caso, con el objetivo principal de educar e invitar a los contribuyentes a registrarse y cumplir con la normativa.

    Recordando la importancia de la facturación como herramienta para respaldar ingresos y facilitar trámites financieros, la Jefa de Facturación Electrónica instó a los profesionales a dar el paso inicial registrándose en la DGI. Se enfatizó que el uso de la facturación electrónica es obligatorio desde 2022 para nuevos registros y desde octubre de 2023 para proveedores del Estado.

    Finalmente, la jefa Vásquez recordó a aquellos que aún no están registrados que cuentan con opciones como el facturado gratuito, y en caso de exceder los rangos permitidos, podrán recurrir a proveedores autorizados y autenticados, destacando que, incluso en transacciones en efectivo, la facturación es fundamental como respaldo documental.