El acuerdo minero podría tener un impacto transformador en Panamá, que marcaría un cambio radical para el futuro del país, afirmó el director general de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Publio De Gracia.
El contrato propuesto garantizaría al menos 375 millones de dólares en ingresos mínimos, junto con regalías que oscilan entre 12% y 16%. Este aumento sustancial en los ingresos, en comparación con años anteriores, podría cambiar la relación entre el Estado panameño y la empresa minera involucrada, afirmó el director de la DGI.
También destacó la importancia de la retroactividad del acuerdo, que se remonta a diciembre de 2021, cuando se publicó el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa que el Estado y los negociadores acordaron reconocer los años 2021 y 2022 como parte del contrato.
En el caso de que la Asamblea Nacional de Diputados apruebe el contrato y se publique oficialmente, la empresa estaría obligada a cumplir con las obligaciones tributarias estipuladas en el acuerdo. Este contrato, según De Gracia, es crucial para garantizar los intereses del Estado y supera en gran medida el acuerdo de 1997.
El acuerdo se centra en las regalías, que De Gracia considera esenciales para la explotación de recursos naturales. Aunque el contrato actual se basa en ingresos brutos en lugar de ventas, se espera que proporcione una estabilidad fiscal significativa para el Estado panameño.
El director del MEF, enfatizó la inversión histórica de más de 10 mil millones de dólares por parte de la empresa privada y cómo esto demuestra la capacidad de Panamá para atraer inversiones y mantener la seguridad jurídica. Además, se mencionó la importancia de la fiscalización y la sostenibilidad ambiental dentro del acuerdo.
De Gracia argumentó que este contrato representa un equilibrio entre los intereses del Estado y la inversión privada. Asimismo, destacó los planes del presidente Laurentino Cortizo para el uso de los ingresos adicionales, que incluyen programas de invalidez y muerte, inversión en comunidades, educación y otros proyectos que beneficiarán al país en general.
Las declaraciones del director De Gracia, resaltan la importancia de un acuerdo minero pendiente de aprobación y cómo podría tener un impacto significativo en los ingresos y la sostenibilidad del país. El acuerdo se presenta como un equilibrio entre los intereses estatales y la inversión privada, con un enfoque en el beneficio general de la sociedad panameña.