Panamá continúa adoptando acciones concretas que permiten avances en materia de transparencia e integridad financiera con el objetivo de incrementar la lucha y prevención contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Con la finalidad de proporcionar guía y certeza jurídicas, la Superintendencia de Sujeto No Financiero (SSNF), oficializó el acuerdo que establece lineamientos y directrices dirigidos a los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión, por medio del cual se detallan y se precisan las obligaciones en esta materia.
Además, se define con claridad, la forma en que los abogados y contadores que ofrecen servicios de agente residente, deben cumplir con las obligaciones y se precisan las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo que deben aplicar los profesionales regulados, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 124 de 2020.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, destacó que la oficialización del acuerdo, presentado por la SSNF, es el resultado de un análisis riguroso, que la República de Panamá realizó el año pasado con el apoyo del Banco Mundial, sobre el sector corporativo, que nos permitió identificar y evaluar riesgos en las actividades reguladas.
Agregó que el país elaboró una estrategia de mitigación acorde a la normativa nacional, que concluye con este instrumento jurídico y que representa la integración del enfoque basado en riesgo.
“Las obligaciones ya existen desde hace años, sin embargo, el acuerdo clarifica como deben cumplirse, basado en cuatro ejes fundamentales: evaluación de riesgos, mitigación del riesgo, conocimiento de la naturaleza del negocio y determinación del perfil financiero y transaccional de los clientes”, precisó Alexander.
Destacó igualmente que el sector público y privado deben trabajar de la mano, asumiendo los compromisos comunes, para avanzar hacia un futuro de prosperidad compartida, concluyó el Ministro Alexander.
Por su parte, la Superintendente de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo Castillero, reiteró que el acuerdo busca reforzar las medidas de debida diligencia, dar un enfoque basado en riesgos y blindar los servicios que prestan los abogados y contadores para lograr mayor transparencia y competitividad.
Estuvieron presente en el evento, el Procurador de la Nación, Javier Caraballo, el viceministro de Comercio Interior, Omar Montilla y la directora de Estrategia Financiera y Fiscal del MEF, Isabel Vecchio, entre otras personalidades.