La Dirección General de Ingresos (DGI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), certificó a las cuatro primeras empresas habilitadas como Proveedor de Autorización Calificado (PAC), en cumplimiento a la norma que regula la factura electrónica y que está publicada en la página web de la institución.
El sustento legal se establece en el Decreto Ejecutivo 766 del 29 de diciembre de 2020 y sus modificaciones que contempla los PAC, quienes garantizan la continuidad del servicio a los obligados a documentar sus operaciones de transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios, mediante la expedición electrónica. Así como, la resolución 201-0295 del 20 de enero de 2021, emitida por la DGI, la cual dicta la reglamentación de los PAC para la factura electrónica.
Los PAC tendrán la responsabilidad de garantizar las plataformas para el procesamiento de las facturas de las empresas que contraten sus servicios y de autorizar los documentos, para luego ser remitidos a la DGI. La certificación de las empresas se da luego de culminar un proceso importante que incluyó: la verificación de sus plataformas tecnológicas, lineamientos de seguridad y confidencialidad de la información, controles y pruebas para garantizar que los documentos de los contribuyentes que procesarán, estén correctos.
Para la incorporación al uso voluntario de este nuevo método de facturación, la DGI ha otorgado alrededor de 800 autorizaciones. En la factura electrónica se manejan dos alternativas: en la primera, la DGI pone a disposición de los contribuyentes, un facturador gratuito del Sistema de Factura Electrónica (SFEP), para emprendedores o empresas que tengan ingresos de hasta 1 millón de balboas y un volumen de 200 facturas mensuales. En la segunda alternativa, les corresponde a las empresas que manejen integraciones a nivel de sus sistemas contables, los que podrán optar por utilizar los PAC, aliados estratégicos para el contribuyente y la DGI, que faciliten el uso de la facturación electrónica.
Con el cumplimiento de este hito la DGI busca otorgarle opciones al contribuyente para facilitar el uso de esta alternativa de manera voluntaria, reduciendo los costos de cumplimiento y generación de valor para las empresas a través de sinergias en el manejo de sus operaciones diarias, automatización de procesos, entre otros beneficios.