El director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint-Amans, se mostró convencido de que la inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) es algo transitorio, que “no durará”.
Crítico en el pasado con algunas políticas adoptadas por Panamá, Saint-Amans es una de las voces más autorizadas para analizar la repercusión de la inclusión de Panamá en la lista negra de la UE, que ayer se hizo oficial.
“Panamá ha dado pasos de gigante para alinearse con lo que otros países hacen en términos de transparencia fiscal. Los socios de Panamá están muy agradecidos por esto. Personalmente, estoy impresionado ante los cambios, porque son de gran calado”, apuntó.
La entrada de Panamá en la lista de la UE es consecuencia de la calificación anterior por parte de la OCDE como “parcialmente cumplidor” en intercambio de información tributaria.
A pesar de reconocer los avances, también apuntó algunos de los desafíos pendientes, que tienen que ver con la disponibilidad de la información contable de las sociedades registradas en Panamá.
UE: Regulación antiblanqueo de Panamá es poco eficiente
Para la Unión Europea (UE), la regulación financiera anti-blanqueo de capitales de Panamá es poco eficiente. Esta es la conclusión de los ministros de Economía de los países de la UE (ECOFIN) cuando decidieron incluir, de nuevo, al país en la ‘lista negra’ de paraísos fiscales.
Desde principios del 2018, Panamá figuraba en el Anexo II de la lista de la UE, una especie de ‘lista gris’ que agrupa los países donde se han identificado deficiencias, pero que han asumido el compromiso de modificar sus prácticas en distintos ámbitos, como fiscalidad, transparencia o intercambio de información.
El llamado Grupo de Conducta, integrado por representantes de los ministerios de finanzas europeos y dependiente del Consejo Europeo, se encargó de revisar que, efectivamente, el país había hecho los cambios en su sistema fiscal para adecuarlo a los estándares de transparencia.
Su opinión –determinante para la decisión de la UE- se basaba esencialmente en el suspenso que otorgó al país el Foro Global sobre Transparencia, el organismo de la OCDE concebido para dictar normas globales y erradicar los paraísos fiscales, así como en la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de incluir a Panamá en la lista de países con deficiencias en sus sistemas antiblanqueo de capitales.
En su informe de noviembre de 2019, la OCDE concluyó que Panamá cumplía solo “parcialmente”, ya que, a pesar de haber adoptado nuevas leyes y orientaciones destinadas a fortalecer su régimen fiscal, el marco legal establecido no era suficiente contra el lavado de dinero. La OCDE identificó ciertas lagunas en el acceso a la información sobre los propietarios reales de las empresas radicadas en territorio panameño. En concreto, el informe deslegitimó parte de la Ley 23 de 2015, que obliga a los profesionales de los sectores financieros a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones sospechosas, al entender que no garantiza la “disponibilidad de la identidad actualizada de los beneficiarios” reales de fundaciones privadas o asociaciones sin ánimo de lucro. Asimismo, especificó que la obligación de que las entidades panameñas que no tengan operaciones locales den información contable no está sujeta a supervisión y que, por lo tanto, tiene “un alcance limitado”. Sobre el fin del secreto del beneficiario final en las acciones al portador, la OCDE apuntó que esto “no siempre ha estado disponible cuando se ha solicitado”.
La UE hizo suyas las conclusiones de los organismos con sede en París GAFI y OCDE. Por eso, para salir de la lista, Panamá deberá acometer reformas que instauren sistemas de vigilancia más robustos que garanticen la disponibilidad de información sobre beneficiarios reales y registros contables; un sistema administrativo solvente que permita al país cumplir de forma eficaz con el intercambio de información tributaria bajo previa petición de una autoridad competente, según establece el convenio firmado en 2016 por Panamá sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal; así como organismos de control capaces de aplicar sanciones preventivas a los agentes residentes de entidades jurídicas panameñas que no hagan correctamente las medidas de debida diligencia.
Panamá comparte su posición de país poco cooperador en materia fiscal con otros 11 países, que son Islas Caimán, Palaos, Seychelles, Samoa Americana, Islas Caimán, Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu. Desde el organismo del bloque europeo señalan que el proceso de listado es continuo y dinámico, de manera que se seguirá revisando y actualizando periódicamente la lista en los próximos años, teniendo en cuenta la “evolución de los plazos en los que los países o territorios deban cumplir sus compromisos y la evolución de los criterios de inclusión que la UE utilice para la elaboración de la lista”.
Pero la UE carece de competencias legislativas en materia fiscal y la lista en la que aparece Panamá solo tiene un carácter indicativo para los gobiernos europeos, sin que comporte mayores sanciones. Este marco podría cambiar en 2021, ya que algunos países del bloque han presionado para que la UE adopte medidas de retorsión contra los países señalados.
La credibilidad de la UE está bastaste minada. Diversos actores han criticado que hasta ahora no se hayan hecho públicos los documentos del proceso de selección, ni las actas de las reuniones de los Estados miembros o que, paradójicamente, los Estados miembros de la UE estén exentos de ser listados.
La voz de la OCDE
El director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint-Amans, es una de las voces más autorizadas para analizar la repercusión de la inclusión de Panamá en la lista negra de la UE. En una entrevista con este diario, se muestra convencido de que se trata de algo transitorio que “no durará”.
Panamá ha aplicado todas las medidas recomendadas por la OCDE para mejorar su transparencia fiscal. Pero la UE incluyó al país nuevamente en la lista negra. ¿Por qué?
Es cierto. Panamá ha dado pasos de gigante para alinearse con lo que otros países hacen en términos de transparencia fiscal. Los socios de Panamá están muy agradecidos por esto. Personalmente, estoy impresionado ante los cambios, porque son de gran calado. Dicho esto, todavía hay un paso más que hacer, que tiene que ver con la disponibilidad de la información contable de algunas entidades registradas en Panamá. Sabemos que las autoridades están tratando el problema, pero el Foro Global de la OCDE consideró que Panamá cumplía solo parcialmente en la última revisión. La elaboración de la lista es un poco mecánica y con este resultado, la UE incluyó a Panamá automáticamente. Creemos que esta situación es algo temporal, ya que el diálogo que mantenemos con el Gobierno de Panamá nos hace confiar en que esto se solucionará pronto.
Panamá clasificó la evasión fiscal como delito. Pero esto no fue suficiente. La gente en Panamá cree que nunca será suficiente. ¿Cómo explicarles que la decisión es técnica y que no se trata de un prejuicio o un asunto político?
Tiene razón. Esto puede llegar a ser frustrante. Desde 2016, Panamá ha estado cambiando drásticamente su sistema para adecuarse a los estándares. Sabemos que hay un gran compromiso a nivel institucional. Pero cambiar a un país lleva algo de tiempo. Con la próxima ronda de cambios legislativos, creemos que el sistema de Panamá mejorará su transparencia fiscal y creará un entorno empresarial más sólido y sostenible.
Panamá se ha comprometido a intercambiar información fiscal bajo previa petición. Pero algunos países, como Francia, consideran que el país no lo está haciendo bien. ¿Es este el problema?
Las normas para la cooperación fiscal prevén que la información sobre los beneficiarios reales de las empresas esté disponible y que los intercambios de información fiscal sean eficaces. Esto también incluye la información contable sobre estructuras offshore. Sin la legislación adecuada, la administración tributaria de Panamá no es capaz de responder a estas solicitudes, lo que hace que el gobierno no cumpla su compromiso. Todavía existen algunas deficiencias. Desde la OCDE, estamos seguros de que tan pronto como se introduzcan los cambios legislativos, el marco legal de Panamá permitirá revertir estas falencias. Francia todavía tiene algunas solicitudes pendientes, pero, en general, parece estar contento con todos los progresos de Panamá.
El país está invirtiendo recursos para crear una administración tributaria fuerte que garantice los estándares de transparencia. Pero parece que el problema es cambiar la opinión de sus socios europeos. ¿Qué estrategia debería asumir el país en este sentido?
Panamá está haciendo lo correcto para cambiar la opinión de sus socios. Está modificando las leyes, invirtiendo recursos en la administración tributaria y restaurando la confianza de que participa en el juego de forma honesta. Los tiempos han cambiado y durante los últimos 10 años, casi todos los países han adecuado sus reglas para erradicar los refugios para el dinero sucio. ¡Miren el ejemplo de Suiza! Les llevó mucho tiempo resolver décadas de secreto bancario. Panamá comenzó más tarde y tuvo aún más desafíos. Pero en menos de 4 años se ha hecho mucho. La inclusión de Panamá en la lista no durará. Es un reflejo del pasado, no del futuro.
ABP: Evaluación no ha sido objetiva
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) aseguró que “Panamá no ha sido objeto de una evaluación técnica objetiva, con metodología conocida por las autoridades”. Aseguraron que el país tampoco ha tenido la oportunidad de demostrar los avances en materia de legislación y regulación, cuyo objetivo es colaborar en la lucha contra el abuso del sistema por quienes cometen delitos tributarios en los países donde son contribuyentes.
Créditos: Periodista de La Prensa Victoria Isabel Cardiel